Por: Verónica Juárez Piña
La muerte de una niña de nueve años por disparos realizados presuntamente por elementos de la Guardia Nacional (GN) en hechos ocurridos la madrugada del13 de julio, donde otro menor de 15 años también resultó herido, en la carretera federal 57 a la altura del municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí; actualiza la advertencia acerca del peligro que implica la militarización de la seguridad respecto a la violación de los derechos humanos.
Es de suma gravedad que elementos de seguridad del Estado Mexicano se conviertan en un riesgo para la integridad de las personas, en particular de niñas, niños y adolescentes, pues este no es el único incidente de este tipo.
Entre las violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por elementos de la GN cabe recordar la agresión cometida el 8 de septiembre de 2020 contra una pareja después de participar en la Caravana por el Agua, en la que agricultores tomaron las instalaciones de la presa La Boquilla en Chihuahua, la cual custodiaba la corporación. Una mujer de 36 años murió, dejando en la orfandad a tres niños, su esposo quedó herido de gravedad.
El 23 de noviembre de 2021 integrantes de la GN dispararon en contra de una familia que circulaba en su camioneta por la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara, en la que murió un hombre y una adolescente de 16 años embarazada.
De acuerdo con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, la Guardia Nacional tiene un historial de quejas por violaciones a derechos humanos más grave que el Ejército. Según el especialista, a partir de reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2020 a 2022, la GN acumuló mil 431 quejas contra mil 223 de la Secretaría de la Defensa Nacional. (Comunicado Ibero, 9/02/2023).
Al respecto, es importante resaltar las omisiones en que ha incurrido la CNDH para investigar estas quejas.
El Centro Prodh advierte que “el silencio de la CNDH es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos. (Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense. Segunda edición, noviembre de 2023.)
En este contexto y al expresar su condena por el fallecimiento de la menor de nueve años, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reiteró sus preocupaciones acerca de los riesgos de la militarización al afirmar que “De confirmarse la responsabilidad de elementos de Guardia Nacional, se reforzaría la necesidad de revisar las estrategias y operativos de seguridad, robustecer los procesos de capacitación para prevenir el uso arbitrario de la fuerza y potenciar una supervisión independiente”.
Este es un llamado más que oportuno en el marco del análisis de la iniciativa enviada por el presidente a la Cámara de Diputados para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como bien señala la especialista Patricia Lucila González Rodríguez “han transcurrido cerca de veinte años desde que se oficializó la intervención de las fuerzas armadas en el país, y lejos de disminuir los índices de criminalidad y de delitos de alto impacto, éstos han aumentado. Este hecho debería constituir evidencia suficiente de la ineficacia de esta estrategia. (Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República).
La revisión de la militarización de la seguridad es una tarea ineludible para Claudia Sheinbaum. Aceptar mantener la continuidad de esta estrategia por presiones de López Obrador, la haría cómplice de su estrepitoso fracaso y de las graves violaciones a los derechos humanos que seguirá implicando.
