México enfrenta una creciente amenaza de escasez de agua que, de acuerdo con estimaciones del Banco de México, podría reducir de manera significativa la disponibilidad por habitante hacia el año 2030.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que es necesario un plan de acción integral que contemple políticas públicas innovadoras, desde sistemas de monitoreo hasta esquemas de gestión vinculados con bonos de carbono.
Según datos del organismo, el sector agropecuario concentró en 2020 el 76% del agua concesionada para riego de cultivos y ganadería, seguido por el abastecimiento público con 15%, la industria autoabastecida con 5% y las centrales termoeléctricas con 4%.
El IMCO subrayó que los retos varían según el tipo de recurso —superficial o subterráneo— y las condiciones climatológicas, como precipitaciones o sequías. En el caso del agua superficial, 60% del suministro nacional proviene de ríos y cuerpos de agua, de los cuales siete concentran 71% del total en las regiones centro y sur del país.
El principal problema identificado es la contaminación por aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas y ganaderas que, en la mayoría de los casos, se vierten sin tratamiento previo. Respecto de los acuíferos, el instituto alertó que en 2018 el 18% se encontraba en condición de sobreexplotación, lo que incrementa el riesgo de crisis hídrica en los próximos años.
