Brasilia | La Corte Suprema de Brasil solicitó formalmente al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, un informe detallado sobre el operativo policial realizado contra el grupo criminal Comando Vermelho, que dejó al menos 119 muertos según cifras oficiales, aunque otras fuentes elevan el número a 132.
La orden judicial, emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, establece una audiencia el próximo 3 de noviembre en Río, donde Castro deberá responder sobre el número de víctimas, las medidas de asistencia a los afectados y el cumplimiento de protocolos de derechos humanos. El requerimiento se enmarca en una sentencia previa del Supremo que impone nuevas reglas para intervenciones policiales en favelas, con el objetivo de prevenir abusos.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según declaraciones del ministro de Justicia Ricardo Lewandowski, se mostró “aterrado” por la magnitud del operativo, considerado el más letal en la historia reciente del país. El mandatario también expresó sorpresa por no haber sido informado previamente.
Como respuesta a la crisis, los gobiernos federal y estatal anunciaron la creación de la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, una entidad temporal que permitirá coordinar acciones entre fuerzas de seguridad. La iniciativa surge tras señalamientos de Castro, quien afirmó que el operativo se realizó sin apoyo federal.
La intervención tuvo lugar el martes en las favelas de Penha y Alemão, donde residen cerca de 200 mil personas. Los enfrentamientos se extendieron a zonas boscosas cercanas y resultaron en la detención de 113 personas, entre ellas diez adolescentes. Además, se decomisaron 119 armas, 14 explosivos y grandes cantidades de droga.
El Supremo busca determinar si la operación respetó las directrices judiciales y si el uso de la fuerza fue proporcional en un contexto de alta vulnerabilidad social.
