Especialistas en seguridad pública avalaron con reservas el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que representa un paso necesario, aunque insuficiente, frente a la creciente violencia en la entidad.
El anuncio del plan se dio tras las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que reavivó el debate sobre la eficacia de las estrategias federales en zonas con fuerte presencia del crimen organizado.
Juan Carlos Montero, académico de la Universidad de Monterrey, señaló que el plan genera dudas y requiere del respaldo social más allá de posturas partidistas. “Debe ser apoyado por los michoacanos sin importar filias ni fobias políticas”, apuntó.
Por su parte, el analista David Saucedo advirtió que la intervención federal podría derivar en un “efecto cucaracha”, al dispersar a las células criminales hacia otras regiones sin desarticularlas por completo. En su opinión, el enfoque debe incluir acciones estructurales que atiendan las causas profundas de la violencia.
Ambos especialistas coincidieron en que el éxito del plan dependerá de su implementación territorial, la coordinación con autoridades locales y la inclusión de políticas sociales sostenidas.
