El gobierno interino de Perú decretó este martes estado de emergencia en la capital Lima y en el puerto del Callao, como respuesta a la creciente ola de violencia, extorsiones y actividades atribuidas al crimen organizado. La medida permite la intervención de las fuerzas armadas en labores de patrullaje urbano y refuerza la colaboración con la policía para preservar el orden público.
La declaratoria también contempla la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales, como el derecho de reunión y la inviolabilidad del domicilio, en un esfuerzo por contener la inseguridad que afecta a más de 10 millones de habitantes en ambas zonas metropolitanas.
“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país”, expresó el presidente interino Jerí en un mensaje oficial de menos de tres minutos, marcando su primera acción de gran alcance desde que asumió el cargo hace dos semanas.
La decisión se produce tras una serie de hechos violentos, incluyendo el asesinato de un cantante de cumbia en meses anteriores y las protestas masivas del 15 de octubre, que derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso. Las manifestaciones, lideradas principalmente por jóvenes, dejaron un saldo de un fallecido y más de cien heridos entre civiles y policías.
El anuncio del estado de emergencia había sido anticipado por las autoridades el pasado 16 de octubre, en medio de una creciente presión social por la inseguridad. La situación se agravó tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el 10 de octubre, en un contexto político marcado por la polarización y el descontento ciudadano.
Con esta medida, el gobierno busca contener el avance del crimen organizado y recuperar la confianza de la población, en un país donde la seguridad pública se ha convertido en una de las principales demandas sociales.
