Por: José Francisco Castillo Madrigal
En un mundo cada vez más interconectado, donde las voces se multiplican y las plataformas para expresarse se diversifican, la libertad de opinión se ha convertido en uno de los pilares más visibles, pero también de los más vulnerables de nuestras sociedades. No se trata solo de un derecho universal consagrado en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también de una necesidad humana profunda: la de ser reconocido en nuestra individualidad, incluso cuando nuestras ideas incomoden o contradigan el consenso.
La diversidad de opiniones no es un obstáculo para la convivencia democrática; es su esencia. En el espectro político, social, gremial, religioso o cultural, cada postura representa una visión del mundo, una experiencia vivida, una interpretación legítima de la realidad. Pretender que todos pensemos igual es negar la riqueza de nuestras diferencias. Y aunque algunas ideas puedan parecer radicales, conservadoras, progresistas o simplemente impopulares, su existencia es prueba de que la libertad sigue respirando.
Pero esa libertad no puede sobrevivir sin respeto. No basta con permitir que otros hablen; hay que escuchar con disposición, debatir con argumentos y disentir sin destruir. El desacuerdo es saludable, incluso necesario. Lo que no puede permitirse es que ese desacuerdo se transforme en violencia, ya sea física, verbal o simbólica. Cancelar, humillar o agredir a quien piensa distinto no es valentía ideológica, es autoritarismo disfrazado de justicia.
Desde la antigua Grecia, en la clásica Atenas, el ágora era un espacio donde los ciudadanos debatían abiertamente sobre política, filosofía y sociedad. Y aun en esos tiempos, la violencia se hizo presente. Filósofos como Sócrates promovieron el pensamiento crítico, aunque él mismo fue condenado a muerte por “corromper a la juventud” y cuestionar las creencias establecidas. Ese caso muestra cómo la diversidad de ideas puede incomodar a quienes ostentan algún tipo de poder, pero también cómo el diálogo fue el motor de la democracia entonces naciente y que se sigue viendo seriamente amenazada en nuestros días.
Cuando una opinión incomoda o una demanda parece para algunos inviable, injusta o que incluso amenaza sus intereses personales o grupales, el camino no es el silencio impuesto ni la furia desatada, sino el argumento, la razón, la evidencia. Repeler una idea con otra más sólida es el triunfo de la inteligencia sobre la imposición. Y si no podemos refutarla, tal vez debamos reconsiderar nuestras propias certezas. En todo caso, el debate debe ser un ejercicio de construcción, no de demolición.
Los derechos universales garantizan que todos tengamos voz. Los derechos particulares reconocen que cada contexto tiene sus propias necesidades. Defender ambos es entender que la justicia no es uniforme, sino equitativa. Y en esa defensa, la libertad de opinión debe ser protegida como un derecho fundamental, no como un privilegio condicionado.
En estos tiempos donde la polarización amenaza con fracturar el tejido social, recordar que pensar diferente no es un delito, sino una virtud, puede ser el primer paso hacia una convivencia más madura. Porque solo cuando aprendamos a respetar la diversidad de ideas, podremos aspirar a una verdadera libertad.
