Por: Verónica Juárez Piña
El uso de la fuerza policiaca ante las justificadas protestas por el incremento exorbitante de la tarifa de transporte público es una acción que se debe condenar. El gobierno del Estado debe rectificar no sólo la decisión del aumento, sino la forma como está reaccionando frente a quienes están manifestando su inconformidad. La violencia de ambas partes no llevará a ningún lado. La solución es el diálogo.
Las y los ciudadanos están en su derecho constitucional de protestar por una decisión que consideran injusta. No hay condiciones para un incremento tan alto. La economía, no sólo del estado sino a nivel nacional, está en una situación precaria.
No se han generado fuentes de empleo, los precios de la canasta básica están al alza, el costo de la gasolina no ha disminuido y el incremento salarial no es suficiente; por lo que el aumento tan alto al transporte complicará esta situación.
Hay que plantear una solución integral y no sólo cargarle la mano a la ciudadanía. En principio, el gobierno estatal debe poner orden en el sistema de transporte público y que este no sea un aumento sin ninguna prestación para la ciudadanía, que no puede seguir siendo rehén de un grupo de personas que solamente pretenden incrementar sus ganancias de manera desmesurada.
Las autoridades deben velar por un servicio digno, adecuado y que los transportistas cumplan con las mejoras que desde hace años no han implementado y solo han quedado en promesas en detrimento de los usuarios del transporte público, uno de los más caros del país.
Hasta el momento, los transportistas no han cumplido con diversos y añejos compromisos, migrar del modelo hombre camión al modelo ruta empresa, no han adquirido unidades nuevas ni rehabilitado las existentes; se ha dejado de lado el prepago y tampoco han hecho lo necesario para implementar el denominado transporte multimodal.
Adicionalmente, el Gobierno del Estado debe demandar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acelere los trabajos de la Línea 3 del Tren Ligero y pedirle al Presidente de la República que libere los 3 mil 500 millones de pesos demás que se comprometió en marzo pasado para la conclusión de esta obra que vendría a solucionar en gran medida el grave problema que significa el transporte en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El gobierno tiene la obligación de hacer valer y de respetar el derecho humano a la movilidad y la economía de todos los integrantes de la sociedad, no sólo de la iniciativa privada. El transporte no debe verse solamente como un lucro. Aumentar la tarifa debe estar emparejado con un mejor servicio a corto y largo plazo.
La falta de sensibilidad de las partes involucradas, puede llevar a crear un conflicto social en Jalisco. Es claro que el excesivo incremento a las tarifas causó malestar entre la ciudadanía, pero la represión y detención de manifestantes no abona en nada al diálogo y los acuerdos, muy al contrario, sólo echa leña al fuego y puede convertir un asunto local en un problema nacional.
El Gobierno del Estado está de nueva cuenta ante la oportunidad de demostrar que tiene disposición de escuchar y rectificar decisiones. La instalación de una mesa de diálogo puede ser una vía para encontrar una solución que atienda las necesidades de los transportistas y resuelva de fondo los problemas del transporte público, pero colocando en el centro el interés de las y los ciudadanos.
