El Gobierno de Jalisco formalizó la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres para el periodo 2025-2026, un mecanismo destinado a impulsar una participación política paritaria, libre de violencia y con enfoque en derechos humanos. La iniciativa busca consolidar un espacio de colaboración entre actores públicos y sociales, en línea con los principios de democracia inclusiva y equitativa.
En la ceremonia de instalación, que contó con la presencia de autoridades y representantes de diversos sectores, se designó a Fabiola Loya Hernández, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, como Presidenta del Observatorio, y a Manuel Rodríguez Murillo, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, como Secretario Técnico.
Durante su intervención, la Secretaria Fabiola Loya resaltó los avances en la representación política de las mujeres en los últimos años, pero también reconoció los desafíos persistentes, como la violencia política por razón de género, los estereotipos en la comunicación, las desigualdades en responsabilidades domésticas y la exclusión de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. “Es fundamental garantizar que el ejercicio político promueva la igualdad sustantiva y que la democracia paritaria articule agendas con la sociedad civil, los partidos políticos, la academia y el gobierno para asegurar el pleno ejercicio de derechos políticos de las mujeres”, señaló.
Como parte de los acuerdos, se anunció la apertura de una convocatoria pública para integrar al menos a una persona asesora en el Observatorio, proveniente de sectores como instituciones públicas, sociedad civil, medios de comunicación o ciudadanía en general, siempre que tenga experiencia e interés en fortalecer la participación femenina en política.
El Observatorio reafirma su carácter como un espacio plural, participativo y estratégico, orientado a avanzar en la agenda de igualdad y en el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres en Jalisco. En la sesión también asistieron funcionarios y representantes de instituciones como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como aliados estratégicos del ámbito legislativo y de derechos humanos.
