El gobierno federal y el de Sonora anunciaron el arranque formal del plan de remediación ambiental y social en la cuenca del río Sonora, afectada por el derrame de sulfato de cobre ocurrido en 2014. Las autoridades confirmaron que también comenzaron los pagos de indemnización a trabajadores mineros, viudas y familias tras la conclusión de la huelga en Cananea.
Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el programa tendrá una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos. De ese monto, 70 por ciento será cubierto por Grupo México, 22 por ciento por el gobierno federal y 8 por ciento por el gobierno estatal. La empresa aportará mil 500 millones de pesos, además de 59 millones previamente depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; la federación contribuirá con 483.6 millones y Sonora con 180 millones.
Rodríguez detalló que las primeras acciones incluyen estudios para determinar la magnitud de los daños en suelos y sedimentos, así como la implementación de procesos de saneamiento. En materia hídrica, se fortalecerá el monitoreo de la calidad del agua mediante un centro de visualización en tiempo real, la adquisición de nuevo equipo y la certificación de personal para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste.
El plan contempla la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y mejoras en cuatro instalaciones ya existentes. En salud, el hospital comunitario de Ures será transformado en hospital regional con 60 camas, 21 consultorios de especialidad y un área de cuidados intensivos. También se abrirá un centro de salud renal con servicios de nefrología, hemodiálisis y un laboratorio especializado en metales pesados.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, recordó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre afectó 288.8 kilómetros de la cuenca y a más de 20 mil habitantes de municipios como Bavispe, Aconchi, Banámichi, Babiácora y Ures. Señaló que el impacto incluyó contaminación de suelos y cuerpos de agua, presencia de metales pesados y daños a la flora, fauna y actividades agropecuarias.
Tras un proceso de diálogo iniciado en noviembre, se alcanzó un convenio que incorpora las demandas de las comunidades. Entre las medidas acordadas se incluye la instalación de un laboratorio especializado en metales pesados, un sistema permanente de monitoreo sanguíneo y la operación por cinco años de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección.
En cuanto a la remediación de suelos, se realizará un diagnóstico completo de la ribera del río para identificar zonas contaminadas, confinar sedimentos y avanzar en la restauración ambiental.
La inversión total destinada a estas acciones asciende a mil 500 millones de pesos, según lo informado por la Secretaría de Medio Ambiente.
