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Incifo envía 208 cadáveres no identificados a universidades para estudio forense

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Ciudad de México — En los últimos dos años y medio, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), adscrito al Poder Judicial capitalino, ha enviado un total de 208 cadáveres no reclamados a instituciones educativas para fines de docencia e investigación médica. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió 146 cuerpos, mientras que el resto fue destinado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a universidades privadas.

Según datos oficiales, el número de cuerpos enviados ha ido en aumento: en 2023 se registraron 121 envíos, cifra que subió a 185 en 2024, lo que representa un incremento del 52%. En el primer trimestre de 2025, se han destinado 27 cadáveres más.

Funcionarios del Incifo explicaron que el procedimiento se realiza bajo convenio con la Fiscalía General de Justicia y las instituciones académicas, una vez que los cuerpos cumplen el plazo legal de resguardo sin ser reclamados. La Ley General de Salud establece que un cuerpo puede ser clasificado como no identificado después de 72 horas del fallecimiento, aunque en la práctica pueden pasar hasta cinco días antes de decidir su destino final.

Actualmente, el Incifo enfrenta un aumento en el ingreso de cuerpos, con un promedio mensual de 180, lo que ha elevado el porcentaje de no identificados de entre 3 y 4% a un rango de 6 a 7%. “El incremento responde a una mayor llegada de cuerpos y a un alza en los casos sin identificación”, señaló un funcionario que pidió anonimato.

El costo de conservación de cada cuerpo ronda los mil pesos por diez días, lo que también influye en la decisión de enviarlos a universidades. Además, se han emitido más de 100 solicitudes para que las instituciones educativas devuelvan los cuerpos que aún mantienen bajo estudio.

Para mejorar los procesos de identificación, en mayo pasado se firmó un convenio entre la Fiscalía y el Incifo para crear un Registro Único de Personas Fallecidas. Este protocolo exige el cruce de huellas dactilares con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la obtención del perfil genético antes de que cualquier cuerpo sea resguardado o enviado.

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