El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha solicitado a la Fiscalía estatal la apertura de un juicio de extinción de dominio respecto al Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. Este rancho ha sido señalado como un posible campo de exterminio y entrenamiento utilizado por grupos del crimen organizado.
La intervención del predio, llevada a cabo el 5 de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores, reveló indicios de que el rancho operaba como un crematorio clandestino, lo que ha generado una fuerte preocupación entre las autoridades y la sociedad civil.
Bajo los términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el gobierno estatal busca despojar a los actuales propietarios, cuyos nombres aún no han sido revelados, de la propiedad sin ofrecer compensación alguna. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir la impunidad y desarticular las estructuras delictivas en la región.
Desde 2022, la Fiscalía de Jalisco ha procesado un total de 78 demandas de extinción de dominio, abarcando tanto inmuebles como vehículos relacionados con delitos graves, incluidos el secuestro, la trata de personas y la delincuencia organizada. La medida refleja un compromiso por parte del gobierno estatal para enfrentar el problema de la criminalidad y recuperar espacios públicos para la ciudadanía.
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