Por cuarto año consecutivo, el gobierno de Baja California Sur, encabezado por Víctor Castro Cosío, solicitará un crédito de corto plazo para cumplir con los compromisos laborales de fin de año, incluidos sueldos, aguinaldos y prestaciones de trabajadores del estado. La medida, que podría implicar un endeudamiento superior a los 550 millones de pesos, ha generado críticas por la falta de liquidez y planeación financiera en la administración estatal.
El nuevo préstamo se tramita en un contexto de señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. La Auditoría Superior del Estado reportó más de 229 millones de pesos sin comprobar en la Cuenta Pública 2023, además de mil 156 millones de ingresos adicionales sin destino claro. A nivel federal, la Auditoría Superior de la Federación detectó que no se ha justificado el uso de mil 698 millones de pesos provenientes de participaciones federales.
Desde el inicio de su gestión, Castro Cosío ha recurrido a créditos “temporales” cada diciembre, sin que hasta ahora se haya presentado una estrategia clara para equilibrar las finanzas estatales. El mandatario justificó la nueva solicitud al señalar que es “imposible” cubrir las obligaciones sin apoyo bancario.
El préstamo, que será licitado por hasta 700 millones de pesos, no requiere aprobación del Congreso local por tratarse de deuda de corto plazo, lo que ha generado preocupación por la falta de controles y transparencia. Mientras tanto, el gobierno asegura que los recursos también se destinarán a compromisos de obra pública, con un plazo máximo de 12 meses para su liquidación.
