Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que México atraviesa una transformación histórica y mantiene condiciones de gobernabilidad, sustentadas en el diálogo, la concertación y el combate a la corrupción.
“La transformación que vivimos es un auténtico cambio de régimen. Es un gobierno que apuesta por la civilidad, la justicia y la soberanía, y que actúa con honestidad”, expresó la funcionaria, al destacar los principios que guían la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Rodríguez reiteró que el gobierno federal no negociará con grupos criminales y continuará con la estrategia de atender las causas estructurales de la violencia. “No tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, afirmó.
En materia de seguridad, señaló que el combate al contrabando de combustibles —conocido como “huachicol fiscal”— será una política permanente, y respaldó la discusión en el Senado sobre la reforma a la Ley de Amparo, con el objetivo de evitar que esta figura jurídica se utilice para evadir la justicia.
Respecto a la Reforma Electoral, Rodríguez subrayó que se trata de un proceso plural, abierto a todas las voces políticas y sociales. “No es un proyecto de partido ni de gobierno, es una causa del pueblo”, dijo, al destacar los foros públicos que se realizan para recoger propuestas.
La secretaria también anunció que el Ejecutivo presentará una iniciativa para actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, con el fin de dar certeza jurídica a las inversiones y sancionar posibles delitos financieros.
En su intervención, Rodríguez Velázquez informó que mantiene diálogo con asociaciones religiosas para fortalecer la construcción de paz, y que por instrucción presidencial ha sostenido encuentros con más de 450 familiares de personas desaparecidas, como parte de las prioridades en materia de derechos humanos.
La comparecencia se enmarca en el ejercicio de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, en un contexto de reformas estructurales y redefinición de políticas públicas en el país.
