El cantante de corridos Gerardo Ortiz fue vinculado a un proceso judicial en Estados Unidos, pero logró evitar una condena de cárcel tras ser acusado de mantener nexos con una empresa presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un tribunal federal determinó que el artista cumplirá tres años bajo libertad supervisada, de acuerdo con la resolución de la jueza Maame Ewusi Frimpong.
La defensa del intérprete señaló que la relación con la empresa Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, se limitó a contratos gestionados por su entonces mánager, José Ángel del Villar. El abogado Mark Werksman subrayó que Ortiz cooperó con las autoridades al testificar contra Del Villar, lo que implicó un riesgo personal significativo.
Ortiz se declaró culpable en 2024 de violar la Ley Kingpin, que prohíbe realizar negocios con individuos o entidades designados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro. Su cooperación fue determinante en el caso contra Del Villar, propietario de Del Records, quien fue sentenciado en agosto a cuatro años de prisión y a pagar una multa de 2 millones de dólares.
Durante la audiencia de sentencia, Ortiz expresó arrepentimiento y pidió una segunda oportunidad para continuar con su carrera y permanecer junto a su familia. Su esposa, en una carta presentada al tribunal, describió el temor constante que enfrenta la familia desde que el cantante decidió colaborar con la justicia.
La resolución judicial marca un precedente en la trayectoria del artista, quien deberá cumplir con las condiciones de supervisión mientras enfrenta las consecuencias de su vínculo contractual con una empresa señalada por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
