El 24 de octubre de 2025 marca un hito en la crisis política que atraviesa Estados Unidos, ya que por primera vez desde que comenzó el cierre del Gobierno federal, miles de empleados públicos dejaron de percibir su salario. La situación genera preocupación ante la posible interrupción de servicios esenciales, como el transporte aéreo, y agrava la tensión en el país.
Aproximadamente 730 mil empleados de las agencias gubernamentales que continúan en funciones, considerados vitales para la seguridad nacional, debían haber recibido sus pagos correspondientes a los días trabajados entre el 5 y el 18 de octubre, según el calendario oficial. Sin embargo, el bloqueo político en el Senado impidió la aprobación de los presupuestos necesarios, dejando a estos trabajadores sin salario desde principios de mes. La última nómina que cobraron fue en torno al 10 de octubre.
El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, informó que varias instituciones financieras en Estados Unidos ofrecen préstamos sin intereses a los empleados afectados, recomendando a quienes enfrentan dificultades económicas solicitar ayuda a sus supervisores para acceder a estos créditos. A pesar de ello, la situación es más grave para los aproximadamente 636 mil empleados que, desde el 1 de octubre, permanecen en suspensión de empleo y sueldo, y para los más de cuatro mil que han sido despedidos por el Gobierno de Donald Trump durante el cierre.
El impago de salarios amenaza con afectar gravemente sectores clave, como el transporte aéreo. En particular, los controladores aéreos, cuyo número ya es limitado, podrían paralizar operaciones si algunos deciden solicitar bajas por enfermedad, lo que podría generar retrasos y caos en el mayor mercado aéreo del mundo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que ya se registran retrasos en varias regiones e instó a los controladores a cumplir con sus turnos, acusando al Partido Demócrata de mantener cautivo al Gobierno Federal al insistir en beneficios para inmigrantes ilegales, en el marco de la disputa por la financiación del programa Obamacare.
El cierre también pone en riesgo programas sociales, como los cupones de alimentos, que benefician a unos 42 millones de estadounidenses. Varias entidades estatales alertaron que los fondos disponibles solo alcanzarán para mantener las ayudas hasta el 1 de noviembre, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de estas ayudas.
La crisis política en Washington continúa sin una solución clara, mientras la población enfrenta las consecuencias de un conflicto que afecta múltiples aspectos de la vida cotidiana en Estados Unidos.
