La Fiscalía de Corea del Sur pidió una condena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol, a quien se le imputan delitos vinculados con la fallida declaración de ley marcial realizada en diciembre de 2024.
El exmandatario suspendió temporalmente el régimen civil el 3 de diciembre de ese año, un hecho sin precedentes en más de cuatro décadas y que desencadenó protestas masivas, así como tensiones en el Parlamento. Tras su destitución en abril por el Tribunal Constitucional, Yoon ha enfrentado diversos procesos judiciales relacionados con esa decisión.
Los fiscales argumentaron que el exgobernante incurrió en obstrucción a la justicia, señalando que excluyó a miembros de su gabinete de una reunión clave sobre la declaración de ley marcial y que, en enero, impidió que investigadores procedieran a detenerlo.
De acuerdo con la agencia Yonhap, un tribunal de Seúl emitirá su sentencia el próximo mes. En declaraciones recientes, Yoon defendió su actuación, asegurando que la medida buscaba contrarrestar “actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras”.
