La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco informó que durante este año se han abierto mil 205 carpetas de investigación, de las cuales 94 fueron judicializadas y 49 servidores públicos llevados a proceso. En el caso del rancho Izaguirre, las indagatorias se concentran en 12 funcionarios, entre peritos, agentes del Ministerio Público, un director y policías municipales.
El titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz Tovar, reconoció que desde la creación de la Fiscalía en 2018 solo se han obtenido 18 sentencias condenatorias por delitos de corrupción. Explicó que la mayoría de los casos se resuelven mediante suspensiones condicionales del proceso, figura legal que permite la terminación anticipada de los juicios.
En casi ocho años de operación, 432 servidores públicos han sido vinculados a proceso; de ellos, 45 recibieron prisión preventiva justificada y 15 fueron inhabilitados para ocupar cargos. Entre los casos recientes destaca el de la ex trabajadora del SIAPA, Eli Castro, señalada por cobrar sin cumplir requisitos para el cargo.
De la Cruz planteó la necesidad de reformas legales para fortalecer la lucha contra la corrupción, como ampliar o eliminar la prescripción de estos delitos, mejorar la redacción de tipos penales y revisar las sanciones.
Académicos de la Universidad de Guadalajara, como Francisco Jiménez Reynoso y Rubén Ortega, coincidieron en que la falta de resultados ejemplares y la impunidad han debilitado la efectividad de la Fiscalía, que ha concentrado sus acciones en policías y agentes viales, mientras pocos exfuncionarios de alto nivel han sido procesados.
