Durante la audiencia de imputación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de haber sobornado con 10 millones de pesos a la actual gobernadora del estado, la panista María Eugenia Campos Galván, y que dicha relación de complicidad habría influido para que la justicia estatal le concediera la libertad provisional en junio de 2024.
Así lo dio a conocer el periodista Abel Barajas en el diario Reforma, donde detalla que el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, argumentó la existencia de un riesgo real de fuga del exmandatario priista debido a que presuntamente cuenta con una red de cómplices en Chihuahua, entre los que incluyó a la actual gobernadora.
Por lo tanto, la jueza María Jazmín Ambriz López dictó a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Adicionalmente, la FGR sostuvo que el respaldo institucional a Duarte podía comprobarse en la negativa del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua a proporcionar información sobre los bienes del exgobernador en el marco de una investigación, bajo el argumento del llamado “secreto profesional”.
La FGR atribuye a Duarte el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos en el sistema financiero, recursos que habrían sido canalizados a varias empresas ganaderas en las que era accionista mayoritario y en las que también habría participado su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Duarte fue detenido el lunes 8 de diciembre en Chihuahua mientras circulaba por la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, en un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al penal federal del Altiplano.
Por otro lado, el exgobernador de Chihuahua y actual senador morenista, Javier Corral Jurado, aseguró que la reciente detención Duarte pone fin a una etapa de impunidad que, según él, fue facilitada por la actual gobernadora María Eugenia Campos.
Detalló que la Fiscalía General de Chihuahua no movió ninguna de las 20 órdenes de aprehensión existentes contra Duarte, que suman alrededor de 6 mil millones de pesos; la nómina secreta representa 1,048 millones, la operación Safiro 500 millones, y otros casos entre 400 y 300 millones de pesos.
Aseguró además que Campos y otros funcionarios de su administración formaron parte de la nómina secreta de Duarte, recibiendo pagos subrepticios durante su gestión como diputada local. Entre los beneficiarios se encontraban políticos, empresarios, líderes religiosos y periodistas.
