Por: Carlos E. Martínez Villaseñor
Villas Panamericanas ha dejado de ser una herida mal cerrada para convertirse en una infección que ya puso en jaque a notarios, exfuncionarios y empresarios. Lo que comenzó como un proyecto simbólico para los Juegos Panamericanos de 2011 terminó convertido en una maquinaria para el desvío de recursos públicos, contratos simulados y beneficios privados a costa del erario. Hoy, lo que debió ser orgullo deportivo es evidencia judicial.
En 2014, el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) otorgó un préstamo por más de 100 millones de pesos a una sociedad mercantil sin garantías reales, lo que se presume fue el punto de partida de un fraude bien estructurado. Con intereses, la deuda se elevó a 130 millones. Los recursos que debieron servir para fomentar la economía estatal fueron utilizados para comprar el complejo habitacional y revenderlo a particulares. Todo esto sin control, sin regulación, sin consecuencias… hasta ahora.
El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, ha tomado cartas en el asunto. La Fiscalía ha asegurado 340 unidades habitacionales, ha congelado 170 cuentas bancarias relacionadas con el caso (que juntas superan los 1,500 millones de pesos) y mantiene abiertas investigaciones contra 77 personas físicas y 39 empresas. Se auditan notarías, se cuestiona a FOJAL, se revisa la actuación del Instituto de Pensiones del Estado. El caso está vivo y bajo la lupa, pero también pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo se llegó a esto?
La respuesta es incómoda y conocida: omisión, impunidad y una cadena de favores que nadie quiso romper. Las instituciones que debieron revisar, auditar o frenar este tipo de operaciones —la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado, el Congreso local— permanecieron en silencio durante años. Hoy, la fiscalía estatal parece ir en serio, pero los vacíos administrativos del pasado siguen costando caro. Villas Panamericanas no es solo un caso judicial; es una radiografía de cómo opera el poder cuando no se le vigila.
La crítica no es contra el avance de las investigaciones, sino contra los años de opacidad. ¿Dónde estaban los mecanismos de control cuando se firmaron los contratos? ¿Cómo se permitió que un conjunto así se privatizara sin escándalo público? ¿Por qué los gobiernos anteriores ignoraron las advertencias legales, ecológicas y sociales que ya pesaban sobre el inmueble? Hoy, los departamentos asegurados siguen ahí, vacíos, pero cada puerta cerrada representa un expediente abierto, una oportunidad perdida y una deuda que aún no se salda con la ciudadanía.
Y mientras tanto, la realidad golpea. ¿Hay agua? ¿Hay medicamentos? ¿Hay infraestructura suficiente? ¿Hay seguridad? Las prioridades del Estado no pueden seguir postergadas mientras se pagan facturas de corrupción del pasado. Las instituciones deben reconstruir su credibilidad no solo asegurando bienes, sino recuperando lo robado y aplicando castigos ejemplares. Lo mínimo es que lo recuperado se reintegre a Pensiones del Estado, que fue parte del saqueo.
Pero más allá de las cifras y los aseguramientos, el tema de fondo es otro: ¿qué aprendimos como sociedad? Porque este escándalo no pudo sostenerse sin la indiferencia institucional, pero tampoco sin una ciudadanía que dejó de preguntar. La corrupción no solo se perpetúa desde el poder; también crece cuando la opinión pública se acostumbra. El verdadero mensaje para Jalisco no está en las órdenes de aprehensión, sino en la vigilancia colectiva que debe nacer a partir de este caso.
Lo que ocurrió en Villas Panamericanas no es una anécdota: es un síntoma. El verdadero reto no está en señalar culpables —eso es apenas el inicio—, sino en garantizar que no vuelva a pasar. Porque lo más caro de este caso no ha sido el dinero perdido, sino el silencio cómplice de quienes pudieron y no hicieron nada.
