El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una revisión exhaustiva de más de 55 millones de visas válidas, en un esfuerzo por identificar posibles incumplimientos que puedan derivar en la cancelación de los permisos y la deportación de los titulares. La medida forma parte de las acciones de verificación implementadas por la Administración del presidente Donald Trump, quien retomó el control del Ejecutivo en enero pasado.
Según un funcionario del Departamento de Estado, la “verificación continua” abarca toda la información disponible sobre los titulares de visas, incluyendo registros policiales, migratorios y cualquier otra data que pueda indicar una posible inelegibilidad. La revisión no tiene un plazo definido y se realiza con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias vigentes.
El Departamento de Estado aclaró que las visas pueden ser revocadas si existen indicios de incumplimiento, como permanencia en el país más allá del período autorizado, participación en actividades delictivas, amenazas a la seguridad pública, o vínculos con organizaciones terroristas. La revisión también contempla información adicional que surja después de la emisión del visado y que pueda afectar la elegibilidad del solicitante.
Esta política de control más estricta ha llevado a la cancelación de un número considerable de visas en los últimos meses, incluyendo las de estudiantes extranjeros que participaron en protestas relacionadas con el conflicto en Gaza. Desde enero, el Departamento de Estado ha revocado más del doble de visas en comparación con el mismo período del año anterior, con un incremento notable en las visas de estudiantes.
Además, el pasado sábado, las autoridades estadounidenses anunciaron la suspensión de la emisión de visas de visitante para personas procedentes de Gaza, en el marco de una revisión del proceso de otorgamiento de permisos de entrada, especialmente aquellos concedidos por razones humanitarias en el enclave palestino.
Estas acciones reflejan una política migratoria más restrictiva, en línea con las prioridades del gobierno estadounidense en materia de seguridad y control de inmigración.
