En Tabasco, el sistema educativo enfrenta una crisis estructural marcada por el deterioro de instalaciones, carencia de recursos básicos y señalamientos de corrupción institucionalizada, particularmente en el manejo de cooperativas escolares y cuotas voluntarias, según denuncias de padres de familia y documentos obtenidos por medios nacionales.
De acuerdo con Ismael Jiménez Xicoténcatl, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, las llamadas “cuotas voluntarias” se han convertido en una fuente obligatoria de financiamiento para el funcionamiento cotidiano de muchas escuelas públicas. Con esos recursos, los padres costean desde papel higiénico hasta el salario de intendentes y maestros de inglés, ante la falta de apoyo presupuestal por parte del gobierno estatal.
En entrevista con Excélsior, Jiménez Xicoténcatl señaló que en más de 500 secundarias del estado, las cooperativas escolares —que deberían beneficiar a la comunidad estudiantil— generan ingresos millonarios que son manejados de forma discrecional por directores y funcionarios, sin mecanismos claros de rendición de cuentas. Documentos bancarios en poder del medio revelan que algunas de estas tiendas escolares llegan a recaudar hasta 40 mil pesos diarios, superando el millón de pesos anuales por plantel.
Uno de los casos más notorios es el del CBTIS 32, en Villahermosa, donde se estima una recaudación semestral de hasta 10 millones de pesos por concepto de cuotas, cafeterías y servicios internos, mientras los estudiantes asisten a clases en condiciones precarias, sin ventilación adecuada ni servicios básicos.
Además, se ha documentado la venta de productos no permitidos por los programas de salud escolar dentro de las cooperativas, sin que exista supervisión efectiva. “Los directores deciden qué se vende, cuánto se cobra y a dónde va el dinero”, denunció Jiménez Xicoténcatl.
El reglamento escolar prohíbe expresamente que docentes y directivos manejen recursos económicos de las cooperativas; sin embargo, esta norma es ignorada sistemáticamente, con el presunto aval de la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab) y del propio gobierno estatal.
Hasta el momento, no se han anunciado auditorías ni acciones correctivas por parte de las autoridades educativas. La situación ha generado preocupación entre padres de familia, quienes exigen mayor transparencia y una revisión integral del uso de recursos en los planteles públicos del estado.
