La inteligencia artificial generativa (IA Gen) se ha convertido en una herramienta clave para grupos del crimen organizado en México, que la emplean para ejecutar fraudes, extorsiones y simulaciones digitales con alto grado de sofisticación. Según investigaciones recientes, organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han incorporado tecnologías como deepfakes, clonación de voz y bots conversacionales para engañar emocionalmente a sus víctimas.
Los criminales utilizan agentes de IA para rastrear perfiles vulnerables en redes sociales, servicios de mensajería y sitios web, seleccionando objetivos con base en patrones psicológicos y conductuales. A través de estos sistemas, han logrado replicar voces de familiares o figuras de autoridad con notable fidelidad acústica, lo que permite simular llamadas de emergencia, secuestros o solicitudes de ayuda económica.
En algunos casos, las víctimas reciben videollamadas con imágenes manipuladas que aparentan ser sus seres queridos, solicitando dinero por situaciones falsas como accidentes, hospitalizaciones o amenazas judiciales. Este tipo de fraude, conocido como “pig butchering”, se basa en la construcción de vínculos emocionales para inducir pagos bajo presión.
La IA no se limita a funciones aisladas, sino que opera como un sistema integrado: desde algoritmos que perfilan a las víctimas hasta bots que adaptan el lenguaje y tono en tiempo real, maximizando la efectividad del engaño. “Estos bots están diseñados para detectar patrones emocionales en las respuestas de la víctima y ajustar su contenido mediante retroalimentación algorítmica”, explicó el especialista Aguilar.
En el plano visual, los deepfakes han comenzado a consolidarse como recurso simbólico de alto impacto. Se han documentado casos en los que se simulan videos de agresiones, capturas o amenazas mediante tecnologías de reconstrucción facial y sincronización labial automatizada.
Los expertos advierten que el uso de IA por parte del crimen organizado representa un desafío creciente para las autoridades, que deben actualizar sus capacidades de investigación y respuesta ante esquemas delictivos cada vez más automatizados y emocionalmente invasivos.
