El gobierno federal presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional destinada a establecer un marco normativo homogéneo para la persecución y sanción del delito de extorsión en todo el país. La propuesta busca modificar el artículo 73 de la Constitución para que se pueda legislar mediante una ley general que unifique las penas y sanciones en todos los estados mexicanos, abordando una problemática que, según las autoridades, ha dificultado la lucha contra este delito.
En su exposición de motivos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la gravedad del incremento de la extorsión en el territorio nacional. “Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto, cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno”, afirmó.
Actualmente, las penas por extorsión varían considerablemente entre los estados, con rangos que van desde cuatro hasta treinta años de prisión, además de multas que oscilan entre 36 mil y 340 mil pesos. Esta disparidad ha generado dificultades en la persecución del delito, provocando, en algunos casos, la impunidad y una dispersión en las tipificaciones legales. La iniciativa pretende corregir estas diferencias y establecer una base común en la legislación nacional, facilitando la colaboración entre instituciones y mejorando la eficacia en la judicialización del delito.
La reforma también propone que la ley general defina las diferentes modalidades de extorsión —como la telefónica, digital, presencial o mediante amenazas— y establezca penas mínimas y máximas, además de protocolos uniformes para las fiscalías y cuerpos policiales en todo el país.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se reportaron más de 10,800 víctimas de extorsión, con un promedio diario de casi 30 casos en enero de 2025, lo que representa un aumento del 57.62% en los últimos seis años.
En paralelo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó una estrategia nacional para combatir este delito, en la que se destaca la concentración del 66% de las extorsiones en ocho estados, entre ellos el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México. Como parte de la estrategia, se habilitará el número 089 para reportar extorsiones, garantizando la protección de la identidad de las víctimas y la participación de diversas instituciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada del congelamiento de cuentas vinculadas a estos ilícitos.
La propuesta de reforma aún deberá ser analizada y discutida en las cámaras legislativas, en un contexto donde las autoridades buscan fortalecer los mecanismos para reducir la incidencia del delito de extorsión en México.
