Por: Carlos E. Martínez Villaseñor
Mientras Jalisco se reconfigura con una nueva administración estatal, el Congreso local avanza en una dirección que parece ir en sentido opuesto. La reciente designación de la Mesa Directiva para el período noviembre 2025 – abril 2026, encabezada por Julio César Hurtado Luna (PAN), ha llamado la atención por un dato clave: el partido del gobernador no tiene representación directa en dicha estructura. Un hecho que, más allá de la forma, revela el fondo: el legislativo de Jalisco entra en un momento de tensión política, justo cuando más se necesita cohesión y visión compartida. Por lo menos en este periodo legislativo.
Este cambio de poder interno en el Congreso ocurre justo en el arranque del análisis del Paquete Económico 2026, el cual ya fue entregado por el Ejecutivo. Se proyecta un presupuesto de más de 181 mil millones de pesos, pero con una dependencia alarmante de recursos federales: alrededor del 80 % provendrá de la Federación, lo que deja en evidencia la capacidad recaudatoria estatal. Apenas 25 mil millones serán ingresos propios, una cifra que pone en duda la tan promocionada autonomía financiera del estado.
El dilema es evidente: el Congreso tiene hoy la responsabilidad de revisar, debatir y eventualmente aprobar un paquete económico que debe sostener políticas públicas en seguridad, educación, infraestructura, medio ambiente y salud. Todo eso en un contexto donde la relación entre poderes no es precisamente de alineación política. El riesgo no es menor: sin acuerdos de fondo, la discusión presupuestal puede caer en la politiquería, en los intereses particulares, o peor aún, en la parálisis legislativa.
Por si fuera poco, el Congreso de Jalisco carga con una agenda rezagada que sigue acumulando temas sin dictaminar ni debatir a fondo. Desde la reconfiguración del ITEI y la omisión legislativa que lo mantiene en suspenso, hasta iniciativas sobre transporte, medio ambiente, pensiones, créditos y reformas administrativas, el Congreso parece más enfocado en la coyuntura que en la trascendencia. La ciudadanía lo nota: hay sesiones con baja asistencia, comisiones sin avances, y una falta preocupante de rendición de cuentas hacia la sociedad.
La paradoja es que, mientras el Gobierno del Estado busca posicionar a Jalisco como polo de inversión tecnológica e inteligencia artificial, el Poder Legislativo no termina de reflejar esa misma visión de futuro. ¿Cómo hablar de un “Jalisco innovador” si el Congreso no transparenta ni siquiera sus propios procesos de discusión? ¿De qué sirve promover políticas públicas modernas si se aprueban presupuestos sin desglose claro de metas y resultados?
Más aún: el nuevo liderazgo legislativo deberá revisar si los fondos prometidos para 2026, por ejemplo en seguridad, educación y obra pública, no solo se etiquetan, sino que se fiscalizan. Porque el problema en Jalisco no es solo cuánto se gasta, sino cómo y en qué se gasta. Y ahí el Congreso tiene no solo atribuciones, sino también la obligación de ser contrapeso y vigía. Si se limita a levantar la mano sin análisis profundo, se convertirá en un apéndice burocrático, no en el poder autónomo que la democracia necesita.
La elección de esta nueva mesa directiva, sin representación directa del partido en el poder ejecutivo, puede ser una oportunidad para demostrar que la pluralidad no significa fragmentación, sino debate genuino. Pero eso solo ocurrirá si se asume con madurez política y vocación legislativa. De lo contrario, el Congreso de Jalisco corre el riesgo de volverse irrelevante justo cuando más se le necesita.
El reloj institucional avanza. Y mientras la sociedad exige resultados, el Congreso tiene una decisión que tomar: ¿será protagonista de esta nueva etapa política o se quedará como espectador de su propio desgaste?
