El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño) alertó que la propuesta del Gobierno federal para incrementar los impuestos a cigarros y refrescos en el Paquete Económico 2026 podría tener efectos adversos en el comercio formal, al incentivar el mercado ilegal y la extorsión por parte del crimen organizado.
Gerardo López Becerra, presidente del organismo, señaló en un comunicado que el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no contribuirá a reducir el consumo ni a mejorar la recaudación fiscal. Según sus estimaciones, una cajetilla de cigarros legales podría encarecerse en más de 20 pesos, afectando directamente a pequeños negocios como misceláneas y tiendas de abarrotes, donde estos productos representan una parte significativa de las ventas.
“La reforma fiscal dejaría en desventaja a los pequeños comerciantes, quienes ya enfrentan competencia de grandes cadenas y presiones del crimen organizado para vender marcas ilegales”, advirtió López Becerra.
La iniciativa, presentada el 8 de septiembre ante el Congreso, contempla un incremento superior al 30 % en el IEPS para cigarros y productos de nicotina, además de elevar la cuota específica por cigarro enajenado o importado de 0.6445 a 1.1584 pesos a partir de 2030. También se propone un nuevo gravamen del 200 % para productos de nicotina distintos al cigarro.
El dirigente recordó que en 2010 se aprobó un aumento similar con la expectativa de recaudar 42 mil millones de pesos, pero el resultado fue de apenas 30 mil millones. Además, la Secretaría de Salud reconoció que el consumo no disminuyó y el mercado ilegal creció del 2 % al más del 20 %, generando una evasión fiscal estimada en 13 mil millones de pesos anuales.
López Becerra denunció que la carga fiscal actual sobre los cigarros legales ha favorecido la operación de grupos delictivos, que extorsionan a comerciantes para distribuir marcas ilícitas como Marble, Denver, Indigo o Royal, señaladas por la Cofepris. En estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, hasta el 90 % de las tiendas tradicionales estarían obligadas a comercializar productos controlados por organizaciones criminales.
Como muestra del alcance del problema, el dirigente mencionó el decomiso de más de 10 millones de cajetillas ilegales en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a finales de agosto. El cargamento, equivalente a 240 millones de cigarros, habría sido elaborado con materiales como pasto, aserrín o incluso heces de animales, según reportes oficiales.
La postura del sector comercial se suma al debate sobre los efectos fiscales, sanitarios y de seguridad que podría generar la reforma propuesta para 2026.
