Baja California Sur atraviesa uno de los periodos más complejos de su historia reciente, marcado por un incremento en la violencia y una creciente percepción de deterioro social, pese a los indicadores de recuperación económica que presume el gobierno estatal encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío.
Entre enero y julio de 2025 se registraron 128 homicidios, cifra que representa un aumento significativo frente a los 85 casos contabilizados en el mismo lapso del año anterior. A ello se suma el repunte en las desapariciones, que en los primeros cuatro meses del año duplicaron sus reportes, pasando de 16 a 34 denuncias.
La aparición de fosas clandestinas ha profundizado la crisis: en menos de un año se han recuperado 66 restos humanos en distintos puntos del estado, lo que evidencia la persistencia de dinámicas criminales que no han sido contenidas.
En el ámbito económico, aunque la administración estatal destaca la llegada de más de mil millones de dólares en inversión extranjera para el sector turístico durante 2024, la percepción ciudadana es distinta. Un 45.5% de la población considera que su situación económica ha empeorado, presionada por el alza en servicios y combustibles.
La dependencia del turismo, que aporta más del 70% del Producto Interno Bruto estatal, mantiene vulnerable a la entidad frente a variaciones externas. Activistas, empresarios y legisladores han criticado la falta de estrategia y la respuesta tardía del gobierno, al que acusan de priorizar la imagen turística sobre la atención a las urgencias sociales y de seguridad.
El contraste entre el discurso oficial y los datos sobre violencia, desapariciones y fosas clandestinas refleja un deterioro visible en la calidad de vida de los sudcalifornianos, quienes demandan acciones más claras y efectivas frente a la crisis.
