Washington, D.C.— Al menos 20 migrantes han perdido la vida bajo custodia del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el año fiscal 2025, que concluye este martes. La cifra, la más alta desde 2020, ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, legisladores y familiares de los detenidos, en medio de señalamientos por condiciones precarias y deficiencias médicas en los centros de detención.
Los casos más recientes corresponden al mexicano Miguel Ángel García-Hernández, de 32 años, y al salvadoreño Norlan Guzmán Fuentes, de 37, quienes fallecieron tras un tiroteo ocurrido en las instalaciones de ICE en Dallas, Texas. Guzmán Fuentes murió el mismo día del ataque, mientras se encontraba esposado y encadenado, y García-Hernández falleció días después por las heridas recibidas.
La lista de fallecidos incluye seis mexicanos, entre ellos Ismael Ayala Uribe, de 39 años, cuyo caso ha despertado críticas por presunta negligencia médica en el centro de detención de Adelanto, California. Ayala, beneficiario del programa DACA, fue arrestado en agosto y murió el 22 de septiembre tras ser hallado inconsciente en su celda. Su familia y abogado han convocado una conferencia de prensa para exigir una investigación.
La cifra de muertes en 2025 supera los 12 casos registrados en 2024 y se acerca al récord de 21 fallecimientos en 2020, durante la pandemia. En años anteriores, ICE reportó 4 muertes en 2023, 3 en 2022 y 5 en 2021.
El incremento ha generado reacciones en el Congreso. Los senadores Raphael Warnock y Jon Ossoff, de Georgia, enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director de ICE, Tood Lyons, expresando su “profunda alarma” y solicitando medidas para prevenir más muertes.
Además de los mexicanos, la lista de fallecidos incluye migrantes originarios de Honduras, Vietnam, Haití, India, Guyana, Etiopía, Ucrania, Colombia, Canadá, China y Cuba. El caso del cubano Isidro Pérez, de 75 años, provocó protestas en Florida por la detención del adulto mayor, quien llevaba casi seis décadas viviendo en Estados Unidos.
Organizaciones civiles han reiterado la necesidad de revisar las condiciones de detención, garantizar atención médica adecuada y establecer mecanismos de supervisión independientes.
Con información de EFE.
