La compra y reventa a gran escala de Roscas de Reyes volvió a generar polémica en redes sociales luego de que se viralizara el caso de un emprendedor de Hermosillo, Sonora, quien habría adquirido mil piezas en un hipermercado de Guadalajara con una inversión superior a los 320 mil pesos.
El episodio cobró relevancia cuando la cuenta @pabloantonioguzm2 difundió en TikTok un video en el que el propio revendedor documenta la compra, el traslado y la logística necesaria para llevar el producto hasta Sonora. En las imágenes presume la magnitud de la operación y detalla el gasto realizado para abastecer el mercado local.
Lo que más llamó la atención no fue solo el volumen de compra, sino la infraestructura empleada para movilizar un producto perecedero. Según el video, el comerciante contrató un tráiler para transportar las mil roscas desde Guadalajara hasta Hermosillo, lo que implicaría un costo adicional considerable. Usuarios estimaron que, sumando transporte y almacenamiento, la inversión total podría acercarse al medio millón de pesos.
Las reacciones en redes no tardaron en aparecer. Comentarios críticos cuestionaron la viabilidad del negocio y el origen de los recursos, con frases como “Bonita forma de lavar dinero” o “La utilidad ya se perdió en la logística”. Otros señalaron que, aunque la reventa es legal, el pago en efectivo y la escala de la operación generan dudas.
Las sospechas sobre un posible lavado de dinero se centraron en dos aspectos: el manejo de grandes cantidades de efectivo y la logística considerada desproporcionada para un producto cuya ventana de venta es de apenas 48 a 72 horas. Algunos usuarios sugirieron que estas operaciones podrían servir para “blanquear” recursos, aunque no existe ninguna investigación oficial que respalde estas teorías.
La alta demanda de Roscas de Reyes cada enero ha impulsado a cientos de personas a incursionar en este tipo de reventa desde 2024. Sin embargo, los casos virales han puesto bajo escrutinio una práctica que, pese a ser legal, genera debate por sus efectos económicos, sociales y fiscales, así como por el impacto en consumidores y pequeños productores locales.
