Por: Carlos E. Martínez Villaseñor
Las calles de Jalisco han vuelto a ser escenario de una serie de manifestaciones, paros y bloqueos que, si bien reflejan exigencias legítimas, también despiertan preguntas urgentes sobre el tono, los métodos y los límites de la protesta social. En las últimas semanas, se han sucedido marchas de transportistas, colectivos juveniles, campesinos y otros sectores, algunas con demandas contundentes, otras con agendas difusas, pero varias con saldo en disturbios, incendios o daños a edificios públicos y privados. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está pidiendo realmente? ¿Y cómo percibe todo esto una sociedad que, entre el hartazgo y la empatía, parece dividirse cada vez más?.
Las movilizaciones más recientes van desde la llamada “Generación Z” en Guadalajara (cuyo saldo incluyó 8 personas vinculadas a proceso por daños a monumentos, hasta el momento; y 32 libres ya), hasta los bloqueos anunciados por transportistas y campesinos para este 24 de noviembre, en demanda de mejores condiciones laborales, subsidios y revisión de tarifas. Aunque ya se habían manifestado anteriormente, hace unos semanas. A esto se suman protestas por desapariciones, demandas salariales de trabajadores de la salud y expresiones de reclamo por obras inconclusas en municipios como Tonalá, el Salto, y Tlajomulco.
El derecho a la manifestación está protegido por la Constitución, y en muchos casos las causas son legítimas: el campo sigue abandonado, hay inseguridad en regiones enteras, y los servicios públicos tienen severas deficiencias. Pero cuando la protesta escala a incendios en puertas de Palacio de Gobierno, agresiones a policías, saqueos o bloqueos prolongados en carreteras, que afectan desde transportistas hasta ciudadanos comunes, el mensaje se contamina. La causa justa pierde resonancia cuando se disuelve entre el humo, los grafitis y los vidrios rotos.
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ha denunciado públicamente la presencia de grupos de choque que infiltran estas movilizaciones, señalando incluso que hay intereses políticos detrás de ciertos actos vandálicos. Aunque hasta ahora no se ha probado un financiamiento directo por parte de partidos, lo cierto es que varias protestas (sobre todo en año de arranque administrativo), parecen operar en paralelo con tiempos políticos clave. Esto no desacredita la raíz de las demandas, pero sí obliga a mirar con más cuidado quién organiza, quién convoca y qué intereses se mueven detrás del megáfono.
La ciudadanía, por su parte, vive en medio de la disyuntiva. Apoya muchas de las exigencias —más seguridad, más medicamentos, apoyo al campo, condiciones laborales justas— pero también sufre los efectos colaterales: tráfico paralizado, comercios vandalizados, escuelas cerradas, hospitales bloqueados. La percepción social se fragmenta. Una parte celebra la movilización como una sacudida necesaria; otra se pregunta si los métodos no terminan alejando a posibles aliados.
El problema no es nuevo. Jalisco ha tenido históricamente episodios de fuerte tensión social: desde el movimiento #YoSoy132 hasta las protestas por desaparecidos, pasando por marchas estudiantiles y paros sindicales. Pero hoy parece haber un nuevo patrón: protestas sin voceros claros, sin ruta de diálogo definida, y con escaladas que rápidamente derivan en violencia. En una época donde la polarización crece y la narrativa política lo invade todo, la protesta se vuelve fácilmente instrumentalizable.
¿Y qué se está logrando? La pregunta es crucial. Hasta ahora, pocas de las movilizaciones recientes han obtenido respuestas concretas. Muchas terminan en comunicados, mesas de diálogo sin seguimiento o promesas ambiguas. Mientras tanto, los gastos por reparación de daños en edificios públicos se suman al presupuesto estatal, y los empresarios pequeños afectados por saqueos no siempre tienen seguro ni apoyo. La exigencia se convierte en costo… y no necesariamente en solución.
Por eso urge repensar el modelo de protesta. Marchar no es sinónimo de incendiar. Exigir no es lo mismo que destruir. Y el enojo legítimo debe canalizarse con inteligencia táctica, si realmente se busca una transformación estructural. La sociedad civil tiene derecho a presionar, pero también responsabilidad de proteger su causa.
Finalmente, el gobierno también tiene tarea: abrir canales de diálogo real, rendir cuentas con transparencia, no criminalizar de forma automática la protesta, pero sí garantizar que no se pierda el orden público. Y más importante: dar resultados. Cuando los gobiernos cumplen, hay menos necesidad de gritar en la calle.
Hoy Jalisco vive un momento bisagra. Las exigencias están ahí, y son justas muchas de ellas. Pero entre el ruido de los altavoces y el eco de las sirenas, corre el riesgo de perderse el fondo. Si no cuidamos el cómo, el qué también se disuelve.
