El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, como parte de una investigación federal por presunto lavado de dinero y contrabando de combustible en la frontera norte de México.
La medida, ejecutada en octubre de 2025 por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se enmarca en una estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para restringir el acceso migratorio a personas vinculadas con delitos financieros o estructuras criminales. Según documentos oficiales, Durazo Chávez figura como socio en una red de empresas registradas en Sonora y Baja California, presuntamente utilizadas para simular operaciones de importación de hidrocarburos y transferencias transfronterizas de capital.
Entre los implicados también se encuentra el exmarino Fernando Farías Laguna, señalado como líder de una estructura dedicada al tráfico de combustible, conocida como “huachicol fiscal”, y actualmente prófugo de la justicia.
Hasta el momento, ni el gobernador ni su hijo han emitido declaraciones públicas sobre el caso, aunque la revocación ha generado repercusiones políticas en Sonora y ha puesto bajo escrutinio las relaciones empresariales de la familia Durazo.
Esta acción se suma a una serie de sanciones migratorias aplicadas por Washington en los últimos meses contra figuras públicas mexicanas, como parte de un protocolo bilateral para combatir el flujo de capital ilícito y la infiltración del crimen organizado en instituciones gubernamentales. Entre los casos recientes figuran empresarios y funcionarios vinculados a redes delictivas, incluidos Jesús González Lomelí, Hilda Araceli Brown, Marina del Pilar Ávila y Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.
La tendencia refleja un endurecimiento en los controles fronterizos y financieros por parte de Estados Unidos, con énfasis en la revisión de antecedentes corporativos y políticos en zonas estratégicas del país.
