Por: Yuri Guzmán
El abuso sexual infantil es una problemática que ha cobrado mayor visibilidad en México en los últimos años, reflejando una realidad alarmante que requiere un análisis profundo y objetivo. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se reportaron aproximadamente cuatro mil 500 casos de delitos sexuales contra menores en todo el país, de los cuales una proporción significativa corresponde a abusos en el entorno familiar. En Jalisco, continuando con el mismo año 2022, la Fiscalía General reportó más de 600 denuncias relacionadas con delitos sexuales infantiles, aunque se estima que la cifra real puede ser mucho mayor debido al subregistro y al temor de las víctimas a denunciar.
Las estadísticas muestran que, en muchos casos, los agresores son personas cercanas a los menores, como familiares, amigos de la familia o conocidos. Esto genera una sensación de vulnerabilidad y desconfianza hacia quienes están en el entorno más cercano. Sin embargo, es fundamental entender que no todos los hombres, ni todas las personas, son potenciales agresores. La generalización puede ser dañina y contraproducente, fomentando estereotipos que afectan la convivencia social y la percepción de inocencia en la población masculina.
Es importante destacar que, si bien la mayoría de los hombres no comete abusos, la prevalencia de estos delitos en ciertos contextos obliga a tomar medidas preventivas y a promover la educación y la protección de los menores. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que, en 2022, el 70% de los delitos sexuales contra menores en México ocurrieron en el ámbito familiar o en círculos cercanos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la vigilancia y la comunicación en estos entornos. Sin embargo, también es cierto que la desconfianza total hacia todos los hombres puede generar un clima de sospecha que afecta las relaciones sociales y familiares, además de promover estigmas dañinos.
Desde una perspectiva objetiva, la clave está en la prevención, la denuncia y la protección. Es fundamental que las instituciones educativas, sociales y familiares trabajen en la sensibilización, en la identificación de signos de abuso y en la creación de espacios seguros para que las víctimas puedan denunciar sin temor. La ley mexicana contempla sanciones severas para los agresores, y la justicia debe actuar con firmeza y sin prejuicios.
En conclusión, si bien los datos duros muestran que el abuso sexual infantil en México y particularmente en Jalisco es una realidad grave que requiere atención urgente, no se debe caer en la desconfianza indiscriminada hacia todos los hombres. La protección de los menores debe basarse en la vigilancia, la educación y la denuncia, sin estigmatizar ni criminalizar a toda una población.
La responsabilidad recae en toda la sociedad para crear un entorno seguro, donde los derechos y la dignidad de los niños sean respetados y protegidos, sin perder de vista que la justicia y la objetividad son los mejores caminos para erradicar esta problemática.
