Ginebra.— Corea del Norte mantiene uno de los regímenes más restrictivos del planeta, con prácticas que constituyen crímenes contra la humanidad, según un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El documento, basado en más de 300 testimonios de víctimas y testigos, denuncia una intensificación del control estatal durante la última década, especialmente tras la pandemia de COVID-19.
El estudio señala que la población norcoreana está sometida a vigilancia masiva, propaganda constante, represión religiosa y un sistema de castas sociales que perpetúa la discriminación. La pandemia sirvió como catalizador para reforzar el aislamiento del país, restringir aún más el flujo de información y limitar los cruces fronterizos, en particular con China.
Entre las violaciones documentadas, se destaca el aumento del uso de la pena de muerte, incluso por delitos como compartir contenido extranjero, así como la organización de ejecuciones públicas. También se reporta un incremento de los trabajos forzados, incluidos menores, bajo las llamadas “brigadas de choque”, utilizadas para labores de alto riesgo como minería y construcción.
El informe denuncia que muchas condenas judiciales se basan en confesiones obtenidas bajo tortura, y que en los centros de detención persisten condiciones inhumanas, con casos de malnutrición, suicidios y muertes por abuso. Imágenes satelitales confirman la existencia de al menos cuatro campos de prisioneros políticos, donde se practican desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.
La ONU advierte que la mayoría de las recomendaciones emitidas en 2014 no han sido implementadas por Pyongyang. El alto comisionado Volker Türk calificó el periodo como “una década perdida” y alertó que, de continuar esta tendencia, la población enfrentará “más represión brutal y miedo”.
Entre las recomendaciones, el organismo internacional exige el cierre de los campos de prisioneros, la abolición de la pena de muerte, el cese de la tortura y la reanudación de los encuentros familiares entre las dos Coreas. También solicita que se permita el ingreso de observadores de derechos humanos, algo que no ocurre desde 2017.
